Las personas privadas de libertad son individuos que, por decisión judicial en el marco de un proceso penal, han sido detenidas y confinadas en Centros de Privación de Libertad, centros de rehabilitación social o centros penitenciarios.

Esta condición implica que se encuentran bajo la custodia del Estado, el cual tiene la responsabilidad de garantizar sus derechos fundamentales, a pesar de la restricción de su libertad. Además, el sistema deberá garantizar una rehabilitación integral para insertarlas en la sociedad (Art. 51 y 201 CRE).